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Política y justicia electoral
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18/08/2012
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Todo demócrata, cualquiera que sea su norte filosófico o su concepción acerca del pasado, presente o futuro de la sociedad, cree en el derecho y en el valor y eficacia de la política.
Todo demócrata, si persigue el cambio social progresivo, sabe que no puede alcanzarse a costa de ignorar las leyes vigentes: su estricto respeto es garantía de paz social, seguridad colectiva y democracia política.
Las instituciones jurídicas, la política y el derecho van de la mano en el seno de la sociedad democrática. El cumplimiento del derecho garantiza una vida política auténtica. Discutir y polemizar, negociar y pactar, transformar mediante procedimientos democráticos, participar en un proceso electoral: todo es posible merced a la existencia de nuestra organización normativa estatal.
La democracia, la política y la legalidad son como tres ruedas dentadas: cada una hace mover las otras. Hoy en México esos tres conceptos -ejes de movilidad simultánea- son inseparables y se corresponden: ninguno de ellos funcionaría de manera aislada.
La acción democrática es concebible sólo a través del cumplimiento de la ley. Valdría decir: lo democrático es lo legal; la legalidad es la democracia. Ninguna acción o contradicción política sería democrática si se llevara a cabo fuera de marcos jurídicos. Si la ley se angosta o resulta inoperante, refórmesele o elabórese una nueva, pero acátese sin miramientos mientras esté vigente. La legalidad es el principio fundamental de toda democracia.
En manos de los jueces -quienes tienen autoridad y potestad estatal para juzgar y sentenciar- se encuentra la última etapa del proceso electoral bajo cuyo impulso serán renovados los poderes Ejecutivo y Legislativo de la República. Con la irrecusable sentencia que, en su momento, dicte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será revelada la verdad jurídica.
Cuando con ceñida lealtad constitucional la máxima magistratura califique los comicios pasados; cuando los supremos jueces electorales, en ejercicio pleno de su potestad jurisdiccional y, con rigor técnico-jurídico, dicten sentencia, concluirán en definitiva los diversos litigios iniciados con motivo de la jornada del 1 de julio. Los jueces únicamente pueden considerar las evidencias ofrecidas en tiempo y forma en el curso del juicio. Deberán juzgar y sentenciar con escueto apego a la ley y sin tomar en cuenta presiones u opiniones políticas extraprocesales, escándalos periodísticos o gritos proferidos en la plaza pública. Su pronunciamiento supremo será imperativo e inatacable. Esa potestad jurisdiccional es un servicio público, un servicio al Estado.
Sea cual sea su hondura o magnitud, no hay conflicto que pueda abordarse con sensatez y regularse con éxito al margen de los instrumentos de legalidad. Una democracia se calibra en virtud de sus capacidades para transformar en problemas legales y en soluciones jurídicas los conflictos sociales y políticos.
Si se producen al amparo de la legalidad, las turbulencias y los relámpagos políticos vivifican la democracia y contribuyen a esclarecer la atmósfera, como ocurre después de las descargas eléctricas y las tempestades.
México ingresó hace tiempo en una etapa caracterizada por su progresiva complejidad. De esa suerte, y a la vista de la madurez crítica de la nación, si algún político o partido asumiera posiciones reduccionistas o maximalistas, dogmáticas o simplificadoras, pagaría, una gravosa factura histórica, social y electoral. La autollamada izquierda y su ex candidato presidencial deben entenderlo.
Presa de notoria incultura democrática, carente de fundamento racional, sobrecargado de hilarantes como ficticias "pruebas", López Obrador exige imposibles jurídicos movido por la aviesa intención de dañar la potestad y la eficacia de los intérpretes supremos de la Constitución en materia electoral.
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